El proyecto de la Presa Milpillas sigue latente en Zacatecas, afectaría 19 comunidades con la repartición del agua, que se proyecta para la cervecera Grupo Modelo. Ejidatarios han sido golpeados e intimidados por la fuerza del Estado en sus asambleas para aceptar el proyecto. No quieren la presa ni la consulta que les ofreció el Presidente.
Por Mónica Cerbón
Chiapas/Ciudad de México, 3 de marzo (ChiapasParelelo/SinEmbargo).– Un atardecer rosado desciende sobre la carretera que conduce al municipio de Jiménez del Teúl, una localidad que está más cerca de Durango que de la capital de Zacatecas. Adelante, se descubre un valle que, adornado con un río de aguas de manantial, luce apacible y frondoso: es el hogar de cientos de ejidatarios y otros miles de habitantes. Y es también la zona en la que se pretende construir una presa que lo destruiría todo.
“Nosotros del gobierno nunca recibimos absolutamente nada. Nunca nos ven. Hasta ahora vienen porque les gustaron nuestros terrenos. Mejor que no nos vean, no queremos que el gobierno venga si sólo quiere perjudicarnos”, dice Rubén, ejidatario de El Potrero, y remata: “Este pueblo es chiquito pero vale mucho para nosotros”.
El proyecto “Presa Milpillas” provocó conflictos de interés, violencia e irregularidades que amenazan con despojar de la vida y la historia a más de 3 mil ejidatarios que han emprendido una lucha en contra de las empresas transnacionales y la fuerza del Estado.
El proyecto promete bonanzas hidráulicas para una entidad en donde el agua es la principal necesidad y el recurso mayormente negociable. Activistas y académicos han desempolvado la verdad: la presa inundaría los poblados y desaparecería el 92 por ciento de las aguas de manantial que alimentan al Río Atenco, centro de existencia de las comunidades y ejidos.
El mapa de afectaciones atraviesa 19 comunidades. Dos de Jiménez del Teúl; Atotonilco y El Potrero. Cuatro en Sombrerete; Estancia de Guadalupe; Corrales; Niño Artillero y Nuevo México. Once ubicadas en Fresnillo; La Presa; Misericordia y Anexos; Primero de Mayo; Trujillo y Buenavista; Melchor Ocampo; Tapias; San Cristóbal; El Salto; Eréndira; México Nuevo y Providencia. También dos ejidos más que están en la ruta del acueducto planeado para la presa; Hacienda Nueva en Morelos y La Pimienta en Zacatecas.
La otra cara de la historia está a más de 228 kilómetros de Jiménez del Teúl, junto al municipio de Calera. Ahí se encuentra la imponente planta de Grupo Modelo, instalada desde 1997 y adquirida en 2013 por la compañía belga Anheuser-Busch InBev. Si bien la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto Presa Milipillas señala que el agua beneficiará no solo a el sector público urbano, sino también permitirá dinamizar la producción agrícola, industrial y de servicios, lo cierto es que beneficiará a Grupo Modelo para mantener a Zacatecas con el mote de la “capital mundial de la cerveza”, como lo presumió en 2015 el ex Gobernador priista Miguel Alonso Reyes.
A algunos de los habitantes que viven en las comunidades que serán afectadas, el título dado a la cervecera les parece más bien un insulto. Cuando miran el valle y caminan por las calles sin pavimento, se sienten en casa. Viven de sus cosechas y de sus animales. Se saben dueños de su territorio.
Los habitantes dicen que han sobrevivido sin ayuda del gobierno y sentencian que no quieren al Gobernador Alejandro Tello en sus tierras. Lo culpan por sus intereses en el proyecto debido a que, entre 2004 y 2010, fungió como gerente y negociador de ese consorcio antes de integrarse al equipo de Alonso Reyes, entonces Gobernador.
El investigador Darcy Tetreault, de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ha realizado diversos estudios sobre la crisis de sobreexplotación y contaminación del agua en Zacatecas, a manos de empresas mineras y compañías transnacionales productoras de bebidas embotelladas.
Grupo Modelo es el mayor consumidor de agua en la región, con un permiso que le autoriza extraer 11.6 miles de metros cúbicos (Mm3) al año del agua con la mejor calidad en el estado, encontrada en el acuífero de Calera. Según las investigaciones del académico, el monto de extracción representa 1.5 veces más, que el volumen extraído del mismo acuífero para abastecer la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe.
La historia de cómo los hombres de negocios comenzaron a explotar la tierra de los pobladores se remonta a 1992, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari promulgó la Ley de Aguas Nacionales, en la que por primera vez se permitió a las empresas la compraventa de derechos de usufructo sobre aguas mexicanas. Desde 1991, Grupo Modelo ya estudiaba la instalación de su planta más importante en Zacatecas, aparecía como una de las empresas mayormente beneficiadas. Ahí se producen casi 14 mil botellas de cerveza por minuto, lo correspondiente a 20 millones de cervezas en un día.
Lo que Grupo Modelo paga por el agua zacatecana es información reservada por la Conagua. La extracción añade un grado más a la desigualdad del estado: las investigaciones académicas concluyen en que el agua de mejor calidad es entregada a las empresas, y la peor, con contaminantes y concentraciones peligrosas de metales pesados, se reparte entre los barrios marginados y la población más vulnerable.
Si en México la ley sirve de algo, el reparto desigual de agua viola el Artículo 14 de la Ley de Aguas Nacionales, que establece que: “El uso doméstico y el uso público urbano tendrán preferencia en relación con cualesquier otro uso”.
Aunado a las afectaciones socioambientales que ocasionará el proyecto, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas denunciaron que el Estudio de Factibilidad de la presa —elaborado por el por el gobierno zacatecano y avalado por la Semarnat, cuyo costo fue superior a los 16 millones de pesos— contiene información errónea y presenta deficiencias en los detalles básicos del proyecto.
Además de las múltiples irregularidades, la comunicación de las autoridades gubernamentales con quienes serán afectados si la presa se construye, ha sido casi nula. El problema se ve además envuelto en una nube de desinformación y cooptación de medios de comunicación dedicados a publicar sólo los beneficios del proyecto.
En el estudio de factibilidad de la Presa Milpillas, elaborado en 2015, el costo inicial del proyecto se estimó en poco más de 3 mil millones de pesos, ahora los promotores aseguran que costará lo doble. La bolsa combina recursos estatales y federales. Entre sus principales características, la presa tendría una altura de 89 metros y la capacidad de retener 60.6 millones de metros cúbicos de agua, lo que crearía un embalse de 284.4 hectáreas.
RECHAZAN LAS CONSULTAS
“Estoy asustada, de repente siento que los sigo mirando”, dice Doña Chonchi, unas de las ejidatarias de El Potrero. El mal recuerdo deviene de lo ocurrido el domingo 14 de octubre del 2018. Los pobladores recuerdan esa fecha como el día en el que todo se resquebrajó.
Mientras los más de 60 ejidatarios de El Potrero se preparaban para celebrar una sesión en la que votarían a favor o en contra del proyecto, un convoy de 20 patrullas de la policía estatal —con cerca de 100 elementos a bordo— aparecían por sorpresa en sus tierras. Los elementos sitiaron el Salón Ejidal e instalaron un filtro en el que decidían quiénes podían ingresar al salón.
Ahí se encontraba Alfonso Carlos del Real López, representante del gobierno de Zacatecas, Luis Fernando Maldonado, titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente estatal, Francisco Godoy, procurador agrario, y Victoriana Esparza, presidenta municipal de Jiménez del Teúl por el PRI.
Y aunque la votación resultó favorecedora para el proyecto con 34 votos sobre 28 en contra, el proceso obscurece el resultado. Entre gritos y jaloneos se utilizaron papeles verdes para ir en contra y rojos para ir a favor, lo que ocasionó confusión entre los pobladores. Ese día, algunos ejidatarios y la activista Grecia Rodríguez, integrante del Observatorio de Conflictos Mineros, fueron golpeados por policías e intimidados por la fuerza del estatal.
Las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría Agraria dan cuenta de la intromisión del estado en los asuntos ejidales.
Pese a todo, el avance del proyecto no se ha detenido. Los afectados señalan que la empresa Materiales y Construcciones Camino Real ha invadido con maquinaria terrenos de Atotonilco, lugar en donde se construiría la cortina de la presa. Mientras que otra compañía, Corporativo Krystal, fue contratada por el gobierno para negociar la compra o renta de tierras ejidales.
Materiales y Construcciones Camino Real ha recibido -desde 2009- contratos de obra pública en Zacatecas por 333.5 millones de pesos, muchos de ellos relacionados con obras hidráulicas y uno, por 140.8 millones, para la construcción de la primera etapa del sistema de la presa de almacenamiento Milpillas, entregado en junio del 2018.
Los ejidatarios no vacilan cuando exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador cumplirles lo que prometió en campaña. Ya se lo gritaron en un evento público, donde el mandatario dijo que el proyecto se iría a consulta, pero ellos se niegan a tener ese proceso. El no es no. En esa zona de Zacatecas, Morena tuvo una influencia importante durante el proceso electoral del 2018. Saben que el partido y el presidente les deben. Se resisten a pensar que sus votos fueron en vano.
“Que haga valer lo que dijo en campaña. Él dijo que ningún ejido iba a ser pisoteado. No queremos ser pisoteados”, dice Javier, ejidatario de El Potrero, y añade, “Yo estoy firme, aunque me pongan 10 millones enfrente, no estoy de acuerdo”.
EL AGUA, LA SUBSISTENCIA PARA EL PUEBLO
Esas tierras y su río significan todo: “Jugábamos en el río, toda nuestra niñez fue ir al río. Aveces salíamos de la escuela y corríamos al río quitándonos la ropa. Ahí nos enseñamos a nadar. El agua es a veces fría, pero después a uno se le olvidaba. En la noche nos quedábamos enterrados en la arena y después la risa con los que quedaban enterrados”, recuerda con nostalgia Pantaleón, un habitante del Ejido Corrales.
El río colorea el paisaje, en época de calor, sus bordes se adornan con diversos frutos: de tuna a chabacano, pasando por membrillos y manzanas. Los jóvenes se bañan en el río y bailan bajo el techo de los árboles.
Todos nacieron ahí. Las casas que habitan fueron construidas por sus abuelos y tatarabuelos. Algunos cuentan cómo sus padres lucharon por la tenencia de la tierra a caballo y sin dinero. De llevarse a cabo el proyecto, ninguno tendría a dónde ir, su tierra es todo lo que tienen y el único patrimonio para sus hijos.
“El Gobernador no se ha dignado en poner los pies por acá y explicarnos. No estamos de acuerdo porque van a haber muchas afectaciones. Para mí la lucha no significa mucho, significa todo. Aquí nacimos, aquí nos criamos, aquí tenemos nuestras tierras y aquí seguimos en la lucha por mantenernos. Queremos que nuestras tierras sigan vírgenes, como están ahorita”, exige Manuel Herrera, del Ejido Estancia de Guadalupe.
Toña, una mujer ejidataria de El Potrero, mira de frente cuando sentencia que no se van a dejar: “Sabemos defendernos, nomás que nos hable cortito”, dice. Con su esposo, que falleció hace un par de años, se acercaron en 2015 personas para buscar un acuerdo. Ellos les dijeron que el proyecto serviría para dotar de agua a Grupo Modelo.
“Los primeros que vinieron a hablar en 2015 nos dijeron que querían un acuerdo porque querían el agua para la empresa de la cerveza. Luego vinieron otros y nos dijeron lo mismo, que el agua era para la cerveza en Calera. Los terceros que vinieron dijeron que nos iban a sacar como ratas, ahí fue cuando nos pusimos más vivos”, relata.
Efraín, ejidatario de El Potrero, culpa a las empresas extranjeras y al gobierno de envenenar las tierras: nos están quitando lo nuestro en México, en pedacitos nos lo están quitando. El gobierno está vendiendo al país. Nos están dejando el puro cascarón. Nos están dejando veneno.
En Atotonilco, uno de los ejidos que serán más afectados de llevarse a cabo el proyecto -porque ahí se construiría la cortina de la presa Milpillas-, Lucila y su familia, que viven al pie de la montaña, en una casa que inició al interior de una cueva natural formada entre las hendiduras de las rocas, tienen como centro de subsistencia el Río Atenco: de ahí se proveen de agua limpia, ahí se bañan y con ella alimentan a sus animales. El río y su tierra es todo lo que tienen, y les podría ser arrebatado.
Lucila es pieza central en la oposición que manifestó su ejido cuando la empresa Materiales y Construcciones Camino Real envió a hombres con maquinaria para comenzar los trabajos para la construcción de la presa Milpillas. Ella y su amiga María organizaron la resistencia del Ejido para evitar el inicio de obras en Atotonilco. “Les hemos demostrado, tanto a la familia como al rancho, que no se necesita ser hombre para hacer cosas por la comunidad y defender nuestra tierra”, dice.
“El 18 de octubre llegaron dos máquinas, llegaron a la Crucita y dos ya habían pasado al río. Le pedimos al comisariado que nos enseñara el permiso y él dijo que no había dado permiso, que había sido la presidenta municipal y que no nos podíamos meter con las máquinas porque venían de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente estatal. Decidimos pararlas, nos fuimos por dos lados diferentes y nos les pusimos enfrente. El señor que traía la máquina le gritaba a los ejidatarios, muy agresivo. Nos amenazaba, hay vídeos y fotos de todo eso. Nunca nos quiso enseñar los permisos. Las pudimos parar y a los cuatro días otra vez intentaron moverlas para seguir trabajando, pero ese día la gente ya estaba más lista y tampoco los dejaron pasar. Cuidamos ese espacio noche y día, por ocho días. Duraron una semana utilizando a la policía estatal para asustarnos. La policía nos da miedo”, cuenta María.
La pobreza y la violencia han originado que la mayoría de los hijos de ejidatarios y habitantes de esa zona de Zacatecas migre a Estados Unidos. Algunos de ellos tienen hasta 20 años sin verlos, y son sus hijos quienes proveen de recursos para hacer los trámites necesarios para detener el proyecto. A inicios de febrero de este año, un grupo de ejidatarios viajó por primera vez a la Ciudad de México con la intención de hablar con Andrés Manuel López Obrador. El objetivo no se logró.
“No los va a matar la edad, los van a matar de la tristeza. Ellos quieren su oxigeno, quieren a sus animales. Ellos no tienen miedo. Les están quitando su vida, no solo su territorio”, agrega Pantaleón, mirando a la veintena de ejidatarios que se encuentran en el salón y cuya edad rebasa los 70 años.
De permitirse el proyecto, el color del atardecer caerá sobre un cementerio de historias de lucha. Iluminará un valle inundado y lleno de nostalgia. Será testigo de la voraz rapiña que alimentan las empresas transnacionales y el Estado mexicano. Y la cerveza será producida con el dolor de una tierra.
